Derechos humanos en la pandemia: llamamiento de la ONU

La Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), entidad perteneciente a la ONU, ha publicado una serie de directrices para preservar los derechos humanos esenciales de las personas más vulnerables durante la pandemia del COVID-19. La lista re recomendaciones es extensa, está disponible en español y puedes leerla aquí. Nosotros en Psyciencia hemos seleccionado las más relevantes en el ámbito de salud mental y las compartimos continuación:

Acceso a la atención médica

Las estrategias sanitarias deberían abordar no solo las dimensiones médicas de la pandemia, sino también sus aspectos de derechos humanos y las consecuencias de género de las medidas adoptadas en el marco de la respuesta sanitaria.
Los tratamientos deben estar disponibles para todos sin discriminación y eso incluye a las personas más vulnerables o marginadas. Esto quiere decir que es preciso garantizar que a nadie se le deniegue el tratamiento apropiado y oportuno por falta de medios para pagarlo, por motivos de edad o porque la estigmatización le prive de recibirlo.

Personas con discapacidad

Las medidas de contención, tales como el distanciamiento físico y la autocuarentena, deben tener en cuenta las necesidades de quienes dependen de otras personas para alimentarse, vestirse o asearse.
Muchas personas, entre ellas las que viven con discapacidades, dependen de servicios domésticos o comunitarios. Esos servicios deberían contribuir a minimizar los riesgos, y los Estados deben aplicar medidas adicionales para asegurar la continuidad del apoyo a las personas con discapacidad a lo largo de la crisis. En caso de que las limitaciones de movimiento impidieran el funcionamiento de las redes de apoyo familiar o social existentes, dichos dispositivos deberían sustituirse por otros servicios.
El acceso a la ayuda económica adicional también será decisivo para las personas con discapacidad y sus familias, ya que muchas de ellas dependen de servicios que han sido suspendidos y quizá carezcan de recursos para almacenar alimentos y medicinas o para pagar por entregas a domicilio.

Estigmatización, xenofobia y racismo

La pandemia del COVID 19 está generando una ola de estigmatización, discriminación, racismo y xenofobia. Es preciso que aunemos esfuerzos para hacer retroceder esta tendencia, lo que incluye el uso del término COVID-19 para nombrar la enfermedad, en vez de usar una referencia geográfica.
Los dirigentes políticos y otras figuras influyentes deberían manifestarse decididamente en contra de la estigmatización y el racismo que esta crisis ha generado y deberían abstenerse por todos los medios de azuzar las llamas de la discriminación. Los Estados deben actuar con celeridad a fin de contrarrestar la retórica que fomenta el miedo y velar por que sus respuestas al COVID-19 no contribuyan a aumentar la vulnerabilidad a la violencia y la discriminación de determinados grupos de población.
La difusión de información exacta, clara y de base empírica y las campañas de sensibilización son los instrumentos más eficaces contra la discriminación y la xenofobia, que se alimentan de la desinformación y el miedo. Es preciso realizar esfuerzos adicionales para vigilar los incidentes de discriminación y xenofobia, y las respuestas a dichos incidentes deberían ser rápidas y recibir amplia publicidad.

Género

En el hogar, las niñas y las mujeres suelen desempeñar la mayor parte de las tareas domésticas, lo que implica un estrés adicional y aumenta el riesgo de contraer la infección. En el mundo entero, las mujeres constituyen el 70 por ciento de la fuerza de trabajo del sector sanitario, incluidas comadronas, enfermeras, farmacéuticas y trabajadoras comunitarias que operan en la primera línea de la lucha contra el virus, lo que incrementa su exposición y el riesgo de contagio. Se necesitan medidas específicas para reducir la repercusión de la crisis sobre las niñas y las mujeres.
En muchos países, las mujeres también afrontan riesgos desproporcionados en la esfera laboral, ya que muchas de ellas trabajan en el sector informal (por ejemplo, como empleadas domésticas, niñeras, trabajadoras agrícolas o ayudantes en empresas familiares) y pueden ser las primeras en perder sus empleos o en padecer las consecuencias de la crisis, puesto que carecen de seguridad social, seguro de salud o permisos retribuidos. Muchas mujeres también dependen de la disponibilidad de servicios de guardería o de la posibilidad de poder pagarlos, factores que ahora se reducen, lo que limita aun más su capacidad de trabajar y generar ingresos.
Las mujeres de edad avanzada tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, lo que a su vez puede agravar la repercusión del virus y limitar su acceso a los bienes, los alimentos, el agua, la información y los servicios sanitarios.
Las restricciones relacionadas con la salud pública, tales como las cuarentenas, pueden aumentar la exposición de la mujer a la violencia de género, sobre todo a la violencia de pareja y a la que acontece en el ámbito doméstico.
Los servicios de apoyo y los albergues para las víctimas de violencia de género deben seguir siendo una prioridad, así como la orientación eficaz y la disponibilidad y accesibilidad de medios para llevar a las víctimas a lugares seguros. Los mensajes relativos al COVID-19 deben incluir información sobre los teléfonos y servicios de emergencia.
Los servicios de salud sexual y reproductiva deberían considerarse una prioridad que salva vidas y que forma parte integral de la respuesta a la pandemia; esos servicios abarcan el acceso a los anticonceptivos, la atención a las madres y los recién nacidos, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, la posibilidad de obtener un aborto seguro y la orientación eficaz de las ususarias. Deben realizarse los esfuerzos necesarios para no sustraer recursos de los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, ya que eso repercutiría especialmente en los derechos y las vidas de las niñas y las mujeres.
Los miembros del colectivo LGBTI también afontan mayores riesgos durante esta pandemia y, para atenuar sus repercusiones, será preciso incorporar medidas específicas a los planes de respuesta. Los datos disponibles indican que los miembros de este colectivo tienen más probabilidades de trabajar en el sector informal y de padecer tasas más altas de desempleo y pobreza. Los servicios de salud que revisten especial importancia para el colectivo LGBTI deben seguir funcionando durante la crisis, en particular los servicios de análisis y tratamiento vinculados al VIH.
Los Estados deben abordar la desinformación que fomenta la estigmatización y la discriminación del colectivo LGBTI, entre otros los relatos que les acusan de ser los causantes de la pandemia.

Minorías

Los Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el COVID-19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales. Las minorías suelen vivir en condiciones de hacinamiento hogareño, que dificultan el autoaislamiento y el distanciamiento físico. El escaso acceso a Internet y la limitada instrucción formal de los padres también pueden dificultar la escolarización a distancia de los alumnos.
Los miembros de grupos minoritarios también tienen más probabilidades de verse excluidos de los cuidados sanitarios por falta de recursos o de documentación oficial, o por motivos de estigmatización o discriminación. Los Estados deberían garantizar el acceso de las minorías a la atención sanitaria, incluso de las personas que carecen de seguro de salud o de documentos de identificación.

La lista completa de recomendaciones está disponible en español en la página oficial de la ONU.

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