En el año 2004 el Servicio Gallego de Salud (Sergas) intervino quirúrgicamente a un niño de dos años que supuestamente sufría de una sordera “total e incurable”, cuando en realidad lo que el niño sufría era del trastorno del espectro autista. Esta operación completamente innecesaria ocasionó daños irreparables y le causó la perdida completa de la audición en un oido. No fue hasta años después cuando una profesora del secundario, especialista en audición y lenguaje, descubrió el verdadero diagnóstico del chico.Sonia Vizoso describe el terrible caso en El País:

Fue a los dos años cuando el pequeño, que hoy tiene 17 años, empezó a manifestar “trastornos de conducta con disminución de la capacidad de atención y de relación con el entorno”. Su pediatra de la sanidad pública decidió derivarlo a diferentes especialistas privados de Vigo (otorrinos y logopedas) que, según la sentencia, concluyeron que padecía una “sordera total e incurable” tras realizarle “una sola prueba de potenciales evocados auditivos”.

En el hospital público de Vigo asumieron sin cuestionarlo el contenido de esos informes médicos privados. Pensando que eran “acertados” y “sin agotar los medios de diagnóstico”, relata el fallo, el Sergas decidió colocar un implante en uno de los oídos del pequeño y para ello se lo vació. En el Complejo Hospitalario de Vigo se le practicaron dos intervenciones, en diciembre de 2004 y en febrero de 2005. A finales de 2006, una profesora de su colegio comenzó a sospechar que el niño no era sordo.

El Sergas decidió entonces remitir al crío a un centro especializado de Barcelona, donde determinaron que era autista. Los magistrados indican en la sentencia que la audición en el oído no vaciado era completa, pero en el otro el implante provocó su pérdida definitiva. “No se discute ni la diligencia en el tiempo de la asistencia ni la tecnología aplicada; lo que está en cuestión es el manifiesto error de diagnóstico respecto de la dolencia que presentaba el menor”, argumenta el tribunal. En 2015, la Consejería de Sanidad denegó por silencio administrativo la petición de indemnización de la familia, que tuvo que acudir entonces a los tribunales.

Los médicos de Sergas se fiaron de un supuesto informe médico privado y procedieron con una intervención quirúrgica sin realizar las pesquisas, psicológicas, neurológicas y audométricas, necesarias para descartar otras patologías. 

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