Albert Sanchis escribe para El País:

El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este miércoles la ley de igualdad de las personas LGTBI que prohíbe las terapias para corregir la orientación o identidad de género. La Comunidad Valenciana establecerá multas de 60.000 a 120.000 euros para estas infracciones y prestará asesoramiento jurídico, asistencia sanitaria y medidas sociales a las víctimas de odio del colectivo LGTBI, cuyos derechos serán reconocidos en el estatuto de la víctima. La nueva ley incluye una cláusula general antidiscriminación que señala que las Administraciones podrán actuar de oficio, sin necesidad de denuncia o queja, contra estas terapias.

La norma también incluirá formación inclusiva a todo el personal sanitario:

En el ámbito de la salud, la norma dicta que se ofrecerá formación al personal sanitario para garantizar una atención respetuosa a todas las personas, servicios específicos para atender las necesidades particulares de las personas LGTBI o la garantía de acceso a las técnicas de reproducción asistida. En materia de educación, se apostará por un sistema «libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de orientación sexual» e incorporará el tratamiento de la diversidad en los planes de estudio a través de guías de educación sexual. La ley ahonda también en la garantía de que no exista discriminación hacia este colectivo en la valoración de idoneidad en los procesos de adopción.

El portavoz de Compromís Fran Ferri, antiguo representante de la Federación Estatal de LGTB, ha mostrado su satisfacción y ha indicado a este diario que «el presupuesto para la ley ya está incluido en las partidas previstas en los presupuestos de las diferentes consejerías». El diputado de Ciudadanos Emilio Argüeso ha celebrado la aprobación y ha recalcado la necesidad de «enterrar de una vez por todas cualquier forma de discriminación y de los tratamientos aberrantes», que ha calificado de «verdaderas torturas» a las personas LGTBI.

Hace unos días publicamos los resultados de una investigación que demuestra los devastadores efectos que tienen las terapias de conversión, y que además no hay ningún tipo de evidencia que demuestre que este nefasto procedimiento funcione. La aplicación de la norma valenciana está acorde con las políticas aplicadas en otros países, por ejemplo Inglaterra, donde también se encuentra totalmente prohibida.

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