El País informa sobre la multa que aplicó la Comunidad de Madrid:
La Comunidad de Madrid ha autorizado una multa de 20.001 euros a una mujer que promocionaba terapias contra la homosexualidad en Internet. Se trata de la primera sanción a una persona por infracción muy grave contra la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad en la Comunidad de Madrid. Rubén López, portavoz de la asociación Arcópoli, que interpuso la denuncia en 2016 contra la coach Elena Lorenzo, se ha mostrado satisfecho por lo que su colectivo considera «una sanción histórica y pionera».
El 19 de marzo de 2019 la Secretaría General Técnica resolvió que los hechos denunciados podrían constituir una infracción administrativa muy grave, tal y como queda tipificado en el artículo 70.4.c) de la ley 3/2016 y un mes después el Consejo de Gobierno, competente en su caso para imponer la sanción, inició el procedimiento que ahora ha quedado resuelto. El proceso, por tanto, ha durado tres años. Desde la entrada en vigor de la ley para la protección del colectivo LGTBI es la primera vez que se interpone una multa de esta cantidad. Hasta el momento, el resto de procedimientos han derivado en 18 sanciones por infracciones leves con multas que oscilan entre los 200 y los 1.800 euros.
Tras admitir que la mujer puede recurrir y tomar ahora la vía que considere más adecuada, el vicepresidente ha incidido en que esta sanción supone el «mensaje importante y necesario de que el Gobierno regional tomará cartas en el asunto cuando se violenten derechos y libertades de un colectivo que ha tardado mucho tiempo en conquistar» esos avances. También ha apuntado que en este momento hay otros expedientes en tramitación y que » en las próximas semanas o meses podrían llegar nuevas sanciones».
El gobierno español está enviando un excelente mensaje en contra de los peligrosos métodos de conversión que atentan con la vida de las personas que sufren de homofobia y que son forzados a recibir este tipo de torturas psicológicas. España, Inglaterra y Estados Unidos son algunos de los países que están implementando fuertes multas ante estos procedimientos y están asentando un buen ejemplo para el resto del mundo.
