Alejandra Sánchez Insua y José Luis Pardo Veiras escriben para The New York Times en español, un artículo sobre el tema del homicidio en Latinoamérica:
Aunque una mayoría de latinoamericanos nunca ha visto una víctima de homicidio más allá de los periódicos y la televisión, la minoría –usualmente conformada por pobres, morenos de los barrios más marginados– ha visto demasiados. Los que matan y mueren también suelen ser ellos. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que un 50 por ciento de los crímenes en las ciudades latinoamericanas ocurren en un 1,6 por ciento de sus calles.
Sobre la normalización del homicidio, explican:
El homicidio no es solo una consecuencia, es un fenómeno normalizado en nuestra sociedad para resolver conflictos. Como sucede con una enfermedad o adicción, el primer paso es aceptar que somos países asesinos. Durante años, los gobiernos han maquillado la cifras y han culpado al vecino. Los números, a veces, causan más preocupación que los muertos. Cada año, la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal publica “El listado de las 50 ciudades más violentas del mundo”. La lista la componen casi exclusivamente ciudades latinoamericanas (43 este año). La metodología de la organización utiliza a veces fuentes no fiables como reportes periodísticos. Pero cualquier autoridad quiere salir de la lista porque causa un revuelo internacional. Hace unos meses fuimos a Acapulco y el secretario de Turismo celebraba que su ciudad ya no estaba entre los primeros puestos y que había otras con índices peores (en 2016, Acapulco subió del cuarto al segundo lugar). Cuando San Pedro Sula encabezaba el listado, el alcalde hondureño nos respondió: “Aquí no hay tanques como en México”.
¿Cómo puede combatirse esta epidemia?
La cura a la epidemia de homicidios es larga y compleja. En América Latina hay algunas experiencias escasas que pueden estudiarse y replicarse. En Honduras, la Asociación para una Sociedad Más Justa desarrolló un proyecto para mejorar las investigaciones. En Venezuela, el Proyecto Alcatraz ofrece trabajo, deporte y formación a jóvenes en bandas criminales. En Brasil, se ha experimentado con policías comunitarias en lugares de riesgo con programas como Fica Vivo o Pacto Pela Vida. También se ha optado por poner el tema sobre la mesa con campañas contra la violencia letal como Guatemala 24-0, para promover 24 horas sin asesinatos. La restricción del porte de armas en ciudades colombianas ha derivado en disminuciones, aunque moderadas, de las tasas de asesinato. Regular la venta de alcohol como política de seguridad ha tenido éxito en Bogotá y en Diadema, en el estado de São Paulo.
El análisis de Sánchez Insua y Pardo Veiras cita algunos los planes de intervención social que han implementado ciertos países, los más afectados por la ola de homicidios, y menciona, con justa razón, la necesidad de políticas de justicia más eficaces. Sin embargo, no se nombra ninguna política de prevención a largo plazo que considere los factores sociales, nutricionales, educativos y de crianza (coherción), los cuales juegan un rol crucial en el desarrollo de las problemáticas relacionadas (abuso de sustancias, baja educación y pobreza) con la violencia y homicidios.
Esto me da a entender que no las mencionan porque ninguno de los países evaluados presentó un plan de prevención. Para lo cual tengo dos posibles hipótesis retroalimentadas:
Lee el artículo completo en The New York Times en Español.
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