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Victoria Kim para The New York Times:
Se calcula que hay unos 440.000 adolescentes australianos, de entre 13 y 15 años, en Snapchat. En Instagram, 350.000 de ese grupo de edad son usuarios activos, y en TikTok, 200.000. Incluso Facebook, que no está precisamente en el espíritu de la Generación Alfa, tiene 150.000.
El miércoles, se supone que esas cifras cambiarán drásticamente en virtud de una ley histórica que exigirá que los usuarios de Australia tengan al menos 16 años para tener cuentas en esas plataformas y otros servicios de redes sociales.
Los padres, investigadores y funcionarios de todo el mundo seguirán de cerca el despliegue de la ley, con todos sus inconvenientes. La experiencia de Australia puede servir de modelo para las autoridades de otros lugares —como Dinamarca, la Unión Europea y Malasia— que planeen imponer restricciones similares, o de advertencia sobre los posibles escollos.
Este movimiento de Australia marca un giro fuerte en la regulación global de las redes sociales, y lo interesante es que muestra una tensión que ya estaba ahí: todos reconocen los riesgos para la salud mental de los adolescentes, pero nadie tiene una solución perfecta ni libre de costos.
El dato inicial —cientos de miles de menores activos en Snapchat, Instagram o TikTok— deja claro que estas plataformas son parte central de la vida social de los adolescentes. La nueva ley intenta poner un freno elevando la edad mínima a 16 años, pero lo hace con mecanismos que todavía son técnicamente ambiguos y que dependerán, en gran medida, de la capacidad de las empresas para estimar la edad por comportamiento, interacción y biometría.
Lo que busca el gobierno es reducir la exposición a algoritmos, notificaciones y dinámicas diseñadas para maximizar uso compulsivo. Es una meta legítima: hay evidencia sólida de que la presión social, el acoso, la comparación constante y la hiperconectividad incrementan síntomas de ansiedad, depresión y riesgo suicida en algunos adolescentes. Sin embargo, la implementación trae sus propios desafíos: posibles errores en la verificación de edad, riesgos para la privacidad, pérdida de funciones de seguridad y la reacción previsible de los jóvenes, que en su mayoría ya dijeron que seguirán usando las plataformas por otros medios.
Las empresas argumentan que esta ley puede quitar herramientas que estaban desarrollando para proteger a los menores dentro de los entornos digitales. Los adolescentes, por su parte, consideran que la medida no resolverá el problema y que además los excluye de espacios donde se informan, socializan y participan políticamente. Incluso ya hay recursos legales cuestionando su constitucionalidad.
La gran pregunta es si esta ley se convertirá en un modelo internacional o en un ejemplo de los límites de la regulación. Probablemente será ambas cosas. Sirve como recordatorio de que reducir riesgos en entornos digitales no se logra solo con restricciones: también requiere educación digital, acompañamiento adulto, diseño ético y políticas públicas que entiendan cómo se relacionan realmente los jóvenes con la tecnología.
Australia acaba de iniciar un experimento a gran escala. El resto del mundo va a mirar muy de cerca si protege, controla, o simplemente desplaza el problema a otros espacios menos visibles.
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