Autismo

Oriol Güell reporta para El País:

El Colegio de Médicos de Madrid ha inhabilitado a la facultativa Isabel Bellostas Escudero durante 364 días por una falta grave por “divulgar tesis no avaladas y contrarias a la evidencia sobre el origen y las causas del trastorno del espectro autista (TEA)” y por “difundir tratamientos e intervenciones carentes de total evidencia y con importantes riesgos para la salud de las personas”, según han revelado a EL PAÍS fuentes sanitarias. El Colegio ha confirmado que ha impuesto una sanción por este plazo de tiempo, aunque no reveló el nombre del afectado.

La médica ahora sancionada despliega en otros textos y vídeos colgados en la Red varios de los argumentos —aderezados en ocasiones con afirmaciones de cosecha propia— más difundidos por las pseudoterapias, prácticas contrarias a la evidencia científica que suponen un grave riesgo para la salud. En uno de ellos asegura que fue despedida de un centro público por “informar a los padres de la existencia de ADN humano fetal en vacunas pediátricas” y de “su posible relación con el autismo”.

La suspensión del ejercicio de su profesión se produce a causa de la denuncia de la Confederación Autismo España y es la primera sanción de esta clase vinculada a las vacunas y el autismo, uno de los asuntos más repetidos por los pseudoterapeutas a pesar de haber sido repetidamente desmentido por estudios científicos. En abril de 2018, el Colegio de Médicos de Barcelona sancionó con cinco años de inhabilitación a un facultativo por haber “divulgado y puesto en práctica con pacientes oncológicos el llamado Método Hamer, también conocido como Nueva Medicina”. En esa ocasión fue el propio facultativo el que dio motivo al inicio del procedimiento sancionador al remitir al Colegio un escrito defendiendo sus prácticas.

Autismo España actuó con rapidez ante el peligro que representa la pediatra al difundir información pseudocientífica sobre uno de los temas más controversiales de los últimos años.

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En el año 2004 el Servicio Gallego de Salud (Sergas) intervino quirúrgicamente a un niño de dos años que supuestamente sufría de una sordera “total e incurable”, cuando en realidad lo que el niño sufría era del trastorno del espectro autista. Esta operación completamente innecesaria ocasionó daños irreparables y le causó la perdida completa de la audición en un oido. No fue hasta años después cuando una profesora del secundario, especialista en audición y lenguaje, descubrió el verdadero diagnóstico del chico.Sonia Vizoso describe el terrible caso en El País:

Fue a los dos años cuando el pequeño, que hoy tiene 17 años, empezó a manifestar “trastornos de conducta con disminución de la capacidad de atención y de relación con el entorno”. Su pediatra de la sanidad pública decidió derivarlo a diferentes especialistas privados de Vigo (otorrinos y logopedas) que, según la sentencia, concluyeron que padecía una “sordera total e incurable” tras realizarle “una sola prueba de potenciales evocados auditivos”.

En el hospital público de Vigo asumieron sin cuestionarlo el contenido de esos informes médicos privados. Pensando que eran “acertados” y “sin agotar los medios de diagnóstico”, relata el fallo, el Sergas decidió colocar un implante en uno de los oídos del pequeño y para ello se lo vació. En el Complejo Hospitalario de Vigo se le practicaron dos intervenciones, en diciembre de 2004 y en febrero de 2005. A finales de 2006, una profesora de su colegio comenzó a sospechar que el niño no era sordo.

El Sergas decidió entonces remitir al crío a un centro especializado de Barcelona, donde determinaron que era autista. Los magistrados indican en la sentencia que la audición en el oído no vaciado era completa, pero en el otro el implante provocó su pérdida definitiva. “No se discute ni la diligencia en el tiempo de la asistencia ni la tecnología aplicada; lo que está en cuestión es el manifiesto error de diagnóstico respecto de la dolencia que presentaba el menor”, argumenta el tribunal. En 2015, la Consejería de Sanidad denegó por silencio administrativo la petición de indemnización de la familia, que tuvo que acudir entonces a los tribunales.

Los médicos de Sergas se fiaron de un supuesto informe médico privado y procedieron con una intervención quirúrgica sin realizar las pesquisas, psicológicas, neurológicas y audométricas, necesarias para descartar otras patologías. 

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